729 días pasaron desde la noche del terremoto, pero la fecha que debe guardarse en la memoria es la de la creación del Comité: 26 de abril de 2016 y aunque pareciera que a la luz de la crisis podría ser lo más efectivo, hasta el momento es una de las instituciones que mayor cantidad de información tiene guardada.
La crisis política que vivió el gobierno con la sentencia a Jorge Glas, también cambio el panorama para este organismo al igual que los cambios ministeriales y la intempestiva salida de otrora hombre fuerte de la reconstrucción.
Los aspectos administrativos gubernamentales son parte del post terremoto, pero cuya información sigue dispersa.
El funcionamiento de esta entidad adscrita a la Presidencia de la República del Ecuador es un misterio, pues las actas de toma de decisiones no están disponibles para el público; o, al menos, en la fuente primaria como es su página web, la sección de transparencia carece de la información que por obligación legal debe constar. Esto con referencia al Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).
Luego que Jorge Glas fue cesado en esas funciones, que vino el reemplazo con Jorge Véliz y ahora que está en manos de la Vicepresidente Alejandra Vicuña, la situación es similar; marca una mínima diferencia la función que cumple José Herrera al entregar información de lo que ejecuta en la actualidad, pero que no está en capacidad de sustentar lo ocurrido durante la gestión de Carlos Bernal.
José Herrera asume funciones de Secretario el 18 de enero de 2018 y el 5 de marzo de 2018, el Presidente Lenín Moreno delega funciones directas a María Alejandra Vicuña. Administrativamente así llega este segundo aniversario, con la misma intensidad gubernamental para mercadear lo que se hizo pero "toreando" enunciar los verdaderos problemas.
Algunos intentos han existido para iniciar fiscalización de la reconstrucción y reactivación productiva de Manabí y Esmeraldas, pero sin resultados concretos. Por un lado lo que han realizado uno o dos asambleístas de los 11 -entre los que fueron elegidos por la provincia y los nacionales; por el otro lado está la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí.
Se conoce, que la Contraloría estaría haciendo un trabajo de control en el Comité, pero tampoco existen resultados aún. Por lo Pronto solo queda dejar que en algún momento se conozca lo que realmente pasó al interior del Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva Económica, conformado por por el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, los ministros coordinadores de Desarrollo Social, Producción Empleo y Competitividad, Seguridad Interna y Externa, el prefecto de Manabí y dos alcaldes en representación de las zonas afectadas (Portoviejo y Pedernales).
La única verdad oficial es que el Comité nunca manejo dinero y que la inversión la realizaron los correspondientes ministerios, los informes trimestrales están publicados pero no se evidencia cuánto costó y cuesta administrativamente el organismo, cuánto se ha pagado en viáticos, sueldos y otros servicios.
Falta por hacer un desglose específico de los 1'631.954.165,18 millones de dólares recaudados al 29 de marzo de 2018, por la llamada ley de solidaridad, según consta en el sitio oficial del SRI.
La crisis política que vivió el gobierno con la sentencia a Jorge Glas, también cambio el panorama para este organismo al igual que los cambios ministeriales y la intempestiva salida de otrora hombre fuerte de la reconstrucción.
Los aspectos administrativos gubernamentales son parte del post terremoto, pero cuya información sigue dispersa.
El funcionamiento de esta entidad adscrita a la Presidencia de la República del Ecuador es un misterio, pues las actas de toma de decisiones no están disponibles para el público; o, al menos, en la fuente primaria como es su página web, la sección de transparencia carece de la información que por obligación legal debe constar. Esto con referencia al Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).
Luego que Jorge Glas fue cesado en esas funciones, que vino el reemplazo con Jorge Véliz y ahora que está en manos de la Vicepresidente Alejandra Vicuña, la situación es similar; marca una mínima diferencia la función que cumple José Herrera al entregar información de lo que ejecuta en la actualidad, pero que no está en capacidad de sustentar lo ocurrido durante la gestión de Carlos Bernal.
José Herrera asume funciones de Secretario el 18 de enero de 2018 y el 5 de marzo de 2018, el Presidente Lenín Moreno delega funciones directas a María Alejandra Vicuña. Administrativamente así llega este segundo aniversario, con la misma intensidad gubernamental para mercadear lo que se hizo pero "toreando" enunciar los verdaderos problemas.
Algunos intentos han existido para iniciar fiscalización de la reconstrucción y reactivación productiva de Manabí y Esmeraldas, pero sin resultados concretos. Por un lado lo que han realizado uno o dos asambleístas de los 11 -entre los que fueron elegidos por la provincia y los nacionales; por el otro lado está la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí.
Se conoce, que la Contraloría estaría haciendo un trabajo de control en el Comité, pero tampoco existen resultados aún. Por lo Pronto solo queda dejar que en algún momento se conozca lo que realmente pasó al interior del Comité de la Reconstrucción y Reactivación Productiva Económica, conformado por por el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, los ministros coordinadores de Desarrollo Social, Producción Empleo y Competitividad, Seguridad Interna y Externa, el prefecto de Manabí y dos alcaldes en representación de las zonas afectadas (Portoviejo y Pedernales).
La única verdad oficial es que el Comité nunca manejo dinero y que la inversión la realizaron los correspondientes ministerios, los informes trimestrales están publicados pero no se evidencia cuánto costó y cuesta administrativamente el organismo, cuánto se ha pagado en viáticos, sueldos y otros servicios.
Falta por hacer un desglose específico de los 1'631.954.165,18 millones de dólares recaudados al 29 de marzo de 2018, por la llamada ley de solidaridad, según consta en el sitio oficial del SRI.
Un largo camino de búsqueda de datos será necesario para tratar de conocer lo que realmente ocurrió y ocurre con el Comité. Por lo pronto tocará seguir leyendo boletines y escuchando declaraciones sin sustento.
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