¿Cuáles fueron esos recursos y a cuanto ascendió la ayuda privada? Es una de las interrogantes que luego de más de 16 meses de intervención y que aún se mantiene en cifras aproximadas, según la información publicada y que está dispersa.
En un intento para establecer controles desde el Estado ecuatoriano, para junio del 2016, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cumplió un proceso para que 30 personas ejercieran como veedores de los recursos asignados por el Ministerio de Finanzas a la Secretaría de Gestión de Riesgos. Uno de los titulares fue bastante sugestivo: Veeduría que vigilará el uso transparente de recursos para reconstrucción inició su capacitación.
En esa misma fecha El Diario reportó que “También se está conformando un observatorio con la participación de varios ciudadanos, quienes ya han tenido reuniones previas, pero este jueves tendrán una reunión de conformación”, según la versión de María José Fernández, delegada provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Manabí.
Y fue en Portoviejo donde se posesionaron los 30 integrantes de la Veeduría Ciudadana que estará pendiente de la inversión en la reconstrucción tras el terremoto en Manabí. La vigencia de este colectivo será inicialmente de tres meses con opción a renovarse. En este grupo hay 22 manabitas, 4 ciudadanos del Guayas y 4 de la provincia de Pichincha. Así lo reportó Oromar Televisión:
En esta misma línea, en declaraciones para radio Sonorama, César Umakinga, en ese entonces asambleísta de Pachacutik, dijo que está dispuesto a apoyar la ley para la reactivación de la zonas afectadas por el terremoto siempre y cuando exista una veeduría que este pendiente de la forma de distribución de los recursos y que estos lleguen a las familias necesitadas.
Mientras tanto en Manta, para agosto del 2016, se realizó la segunda capacitación a ciudadanos que pidieron ser parte de veedurías ciudadanas, todas relacionadas con las obras de reconstrucción de Tarqui, denominada Zona Cero. El reporte lo hizo directamente la Municipalidad.
En octubre del 2016, El Diario publicó una nota en que afirma: "El proceso de reconstrucción, desde el sector público, puede manejar fondos que superan los 2 mil millones de dólares." y toma las declaraciones de Santiago Vera, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí: ... que debería hacerse público el mecanismo por el cual se escogen a los contratistas, así como un listado donde los profesionales manabitas se puedan calificar para participar en las obras. “Los amigos del poder son los que se benefician”, cuestionó al señalar que hay procesos que se realizan “a dedo”.
En esa misma nota se asegura que por escrito se pidió información al Comité de la Reconstrucción para que provea de respuestas a las siguientes interrogantes:
- ¿Qué mecanismos de difusión tiene el Comité de Reconstrucción para informar a la ciudadanía de los avances en reconstrucción y reactivación?
- ¿En dónde puede la ciudadanía consultar el detalle de proyectos, obras, contratistas, presupuesto asignado, presupuesto devengado, avance de obra?
- ¿Dónde se puede encontrar información detallada sobre lo planificado y lo ejecutado que ha sido aprobado por el Comité de Reconstrucción?
Pero en julio de 2017, la cuenta oficial del Comité en la red social virtual Twitter, posteó lo siguiente:
Mario Ramos,Presidente Coordinador Nacional de Veeduría Ciudadana,realiza recorrido de varias obras de reconstrucción en Manabí y Esmeraldas pic.twitter.com/kRLner1NAK— Reconstruyo Ecuador (@ReconstruYo_Ec) 21 de julio de 2017
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